¿Cuáles han sido las principales iniciativas de la SNMPE el último año?

Nos esforzamos en explicar que la competitividad de la industria minera depende de su sistema de tributación, porque el Perú compite con otras jurisdicciones para atraer inversiones. Por otro lado, nos hemos enfocado en difundir los efectos positivos de la tercerización, en el grado de especialización que se alcanza y en la flexibilidad del negocio, para reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones en los precios de los metales.

Finalmente, nos hemos abocado a explicar la configuración, distribución y uso del canon minero. En el Perú se estableció hace 20 años un sistema de regionalización en el que se transfiere el 50% del impuesto a la renta a la jurisdicción donde operan las minas. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos de planificación territorial, para traducir estos ingresos en políticas públicas que incidan en el desarrollo socioeconómico de los ciudadanos y comunidades del entorno.

¿Qué debate cree que debería abordarse hoy en día?

La industria minera requiere montos de inversión significativos con un retorno en horizontes de largo plazo, lo que supone contar con un proceso riguroso de planificación para priorizar y ejecutar proyectos. Estas estrategias de gestión ordenada, transparente y sistemática que caracterizan a la industria minera deben ser compartidas o adoptadas por la gestión pública. Para ello, es necesario desarrollar capacidades institucionales.

Lo ideal sería mantener un proceso de diálogo maduro, incluyendo a la población y a sus autoridades para concordar que la industria minera es uno de los pilares de nuestra economía y contar con una política minera nacional que transcienda un gobierno en particular. El Perú cuenta con un portafolio de inversiones públicas en infraestructura de US$ 100,000 millones, y un portafolio de inversiones mineras de US$ 60,000 millones que podrían combinarse para crear mayores sinergias.

¿Cuál cree que puede llegar a ser el siguiente gran proyecto del Perú?

Es cierto que los proyectos greenfield amplían la oferta de producción, pero la dimensión productiva que el país ha adquirido trae como consecuencia una importante inversión en las unidades existentes. Los permisos para este tipo de proyectos son más sencillos y las autoridades deberían acotarlos y agilizarlos sin bajar los estándares. Perú produce más de 2.5 millones de toneladas de cobre al año y, para maximizar la producción, los proyectos brownfield requieren inversiones permanentes. Por ejemplo, Antamina, —la primera productora de cobre en el Perú en 2022—, extenderá sus operaciones con una inversión de casi US$ 2,000 millones. Se espera que pronto se apruebe la Modificación de Impacto Ambiental que permita, en la misma huella operativa, extender su vida por ocho años más.

¿Qué factores cree que influirán en la demanda de cobre?

Dentro del portafolio actual de proyectos en el Perú, el 70% corresponde a proyectos cupríferos. Hay dos factores que impulsarán la demanda de cobre: en el corto plazo, la reapertura post-covid de China, un importante comprador de cobre; en el largo plazo, la decisión del mundo de reducir el consumo de combustibles fósiles. Se presenta un escenario exterior favorable y el Perú cuenta con el ecosistema minero y los minerales para satisfacer estas demandas.