Relaciones con las comunidades
Dinámicas complejas y falta de mensajes claros
Aunque la destitución y detención de Pedro Castillo tras su fallido auto-golpe desencadenó una oleada y repunte de protestas que detuvo la producción de algunas unidades mineras, los conflictos con las comunidades han sido tradicionalmente un problema enraizado en la industria minera del Perú.
Las operaciones que se encuentran en el Corredor Minero del Sur, como Las Bambas (MMG), Constancia (Hudbay) y Antapaccay (Glencore) han experimentado bloqueos periódicos en las carreteras que han afectado su producción durante los últimos años. Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, comenta que solo en el 2022 experimentaron más de 100 días con operaciones restringidas, un número alarmante teniendo en cuenta que Las Bambas produce alrededor del 2% del cobre a nivel mundial. En palabras de Orderique, los objetivos de Las Bambas se encuentran interrelacionados con la concertación con las comunidades, por lo que buscan una buena conversación en beneficio de todos: “Desde marzo de 2023, estamos operando normalmente y buscamos establecer un entendimiento con las comunidades de Huancuire para desarrollar el tajo Chalcobamba y fomentar las actividades y emprendimientos locales. Es fundamental desarrollar a las empresas locales para que puedan trabajar a nivel competitivo e incluirlas en nuestras actividades complementarias y adicionales al núcleo minero”, concluye.
Si bien el PBI peruano repuntó después de la caída en picada de 2020 por la pandemia, la agitación sociopolítica que atravesó el país a finales del 2022 y principios del 2023, podría poner en riesgo este crecimiento. Según una publicación del banco BBVA publicada en febrero del 2023, las protestas causaron una contracción del 3.2% en el PBI minero del año 2022, equivalente a US$ 760 millones.
Al analizar la situación, cabe preguntarse si las relaciones entre la industria minera y las comunidades son a veces tan tensas por una cuestión monetaria. Si se observa la evolución de la recaudación fiscal de la actividad minera, esta ha estado en aumento desde el 2020: en el 2022 se recaudaron S/ 15,848 millones (algo más de US$ 4,000 millones), una variación positiva del 12.3% en comparación con el 2021. Además, según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2022, la transferencia de recursos a las regiones generados por la actividad minera ascendió a los S/ 10,940 millones, lo que convierte a la industria minera en una importante fuente de financiamiento para los gobiernos regionales.
Marcial García, socio de servicios legales y de impuestos en EY Perú, también resalta el efecto de la conflictividad social en el desempeño de la industria minera peruana en los últimos tiempos, especialmente si se tiene en consideración que una de las zonas más afectada es el Corredor Minero del Sur, donde se hallan algunas de las principales productoras de cobre del país: “Esto preocupa, pues la economía peruana depende tremendamente de lo que ocurra con la producción de cobre. Recordemos que representa el 30% del total de las exportaciones y el 50% de los envíos de minerales al exterior”, añade.
Preguntado sobre las razones que avispan estos conflictos sociales y sobre si creía pertinente una reforma fiscal en beneficio de las comunidades que se oponen a la minería, García responde que un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, a petición del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que el régimen actual es competitivo, principalmente por el uso de gravámenes específicos basados en las utilidades: “Por cada dólar de utilidad de las compañías, alrededor de la mitad se queda en el Perú. No es posible aumentar la carga tributaria sin afectar la productividad del sector”, afirma.
El problema es que un segmento de la sociedad no entiende los beneficios que esta actividad tiene para el Perú y, para ellos, hablar de la contribución de la minería en términos macroeconómicos no siempre es comprendido, por lo que la industria debe trabajar en un mensaje más claro acompañado de acciones. Para Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), lo ideal sería que la industria mantenga un diálogo maduro que incluya a la población y a las autoridades, para concordar que la minería es uno de los pilares de la economía. Por otro lado, Gobitz añade que uno de los principales desafíos del Perú es mantener una gestión adecuada de los recursos públicos: “Así, se aseguraría que la población encuentre la conexión directa entre mayor inversión minera y mayor bienestar para la sociedad”, comenta.
En este contexto Fernando Pickmann, socio de la firma de servicios legales Dentons, afirma que la relación con las comunidades tiene sus retos, a los que se adicionó un componente de carácter político en 2022 y 2023. En consecuencia, al igual que Gobitz, cree que la industria debería participar de manera más activa y visible para mejorar la interrelación con las comunidades: “Aunque las empresas mineras formales pagan impuestos y se encuentran adheridas a estándares locales e internacionales de seguridad y protección ambiental, necesitan involucrarse aún más con las comunidades mediante el impulso del desarrollo humano, incluso generando mejoras que el estado no ha sido capaz de proveer”, concluye Pickmann.
Intervención temprana
La actividad minera se lleva a cabo en regiones aisladas y genera corredores logísticos donde las actividades económicas afloran y, a veces, son las mineras las que tienen que desempeñar el rol del estado. Esto es un arma de doble filo: por un lado, las compañías pueden incorporar a las comunidades locales como socios estratégicos, pero por otro, la relación se vuelve bidireccional sin la presencia del estado, lo que puede complejizar aún más estas relaciones.
En palabras de Javier del Río, vicepresidente senior de Hudbay para Sudamérica y EE.UU., las relaciones virtuosas con las comunidades locales no se forjan de la noche a la mañana: “Se requiere construir confianza y brindar un acompañamiento permanente a los proyectos”, agrega. En este contexto, las compañías deberían comenzar a relacionarse con las comunidades locales desde una etapa temprana, como la exploración. Así, las mineras podrían entender la percepción de los habitantes de la zona, y estos podrían desarrollar mejores actividades económicas.
Steve Botts, presidente de Santa Barbara Consultants, sostiene que la experiencia ha demostrado que las mineras deben comenzar a involucrarse con las comunidades lo antes posible y equilibrar sus propios cronogramas de proyectos con las necesidades de las comunidades. “Maximizar la participación local en programas de exploración y de operación también es crucial, como lo demuestran casos como el de Antamina, Cerro Verde y Quellaveco”, añade.
"Es necesario encontrar una solución definitiva a los factores que perjudican la imagen del Perú como destino de inversiones -como la tramitología y la conflictividad social agravada por la crisis política-, con el fin de aprovechar este ciclo de altos precios del cobre."
Marcial García, Socio de Servicios Legales y de Impuestos, EY Perú
La Consulta Previa
En la etapa previa a la explotación del mineral, las compañías deben hacer un trabajo de prospección y exploración en búsqueda del tan ansiado mineral. Al igual que en el resto del ciclo minero, las juniors deben solicitar distintos permisos para poder acceder a sus concesiones y perforar, como, por ejemplo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Otro concepto relacionado con esta etapa es la Consulta Previa, un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, establecido por el convenio 169 de la OIT y regulado internamente en el Perú desde el 2011, que establece los pasos a seguir. Fiorella Rivera, socia en Latinoamérica de Embellie Advisory, explica que no es un trámite administrativo, sino un proceso de diálogo en el que el estado y los pueblos indígenas deben conversar para llegar a acuerdos, manifestar opiniones y sugerencias para una buena intervención en un proyecto. “Es importante entender la verdadera finalidad de este proceso para lograr una gestión eficiente y responsable de los proyectos mineros en áreas donde se encuentran los pueblos indígenas”, añade Rivera.
La Consulta Previa se inicia una vez que la Dirección General de Minería revisa la solicitud de autorización de un proyecto e identifica que una población indígena se superpone al área de influencia del proyecto. Ahí la Oficina General de Gestión Social del MINEM evalúa si se ven afectados los derechos colectivos de la población indígena y si corresponde llevar a cabo las siete etapas del proceso.
Rivera explica que no siempre es necesario pasar por las siete etapas, así como tampoco las comunidades locales pueden renunciar a la consulta previa. Sin embargo, destaca que las compañías mineras pueden recopilar información sobre derechos colectivos que puede resultar útil para el estado: “Existen distintos derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero una población indígena no necesariamente ejerce todos estos derechos; asimismo, no necesariamente un proyecto minero va a afectar los derechos colectivos de la población indígena”. En opinión de Rivera, el proceso debería ofrecer una mayor claridad en cuanto a los tiempos: “Sería una propuesta interesante la posibilidad de adelantar cuanto antes el inicio de la consulta previa, tomando en cuenta factores como el área de influencia directa para una adecuada evaluación”, concluye.
Imagen cortesía de Alexander Schimmeck (Unsplash).