La minería, clave para el Perú
La industria trata de dejar atrás la tormenta política tras la caída de Pedro Castillo
“El tema de adelanto de elecciones está cerrado. Seguiremos hasta julio del 2026”. Estas fueron las palabras de Dina Boluarte el 15 de junio del 2023 al comparecer ante una rueda de prensa tras una reunión con su Consejo de Ministros. La actual presidenta— la primera mujer en llegar a este cargo en la historia del Perú, y la sexta jefe de Estado en los últimos seis años—, ha mantenido mensajes contradictorios con respecto a cuánto tiempo gobernaría después de que el anterior presidente, Pedro Castillo, fuera destituido y detenido tras haber intentado disolver el congreso, establecer un gobierno de excepción y convocar elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes.
Al expresar su intención de mantenerse en el poder hasta el 26 de julio del 2026, Boluarte alega que la Constitución es la Carta Magna que deben obedecer todos los peruanos. Sin embargo, su ascenso a la presidencia no fue recibido con el beneplácito de toda la población. Ciertos segmentos de la sociedad peruana, especialmente entre las comunidades rurales alejadas de Lima, indignados por los acontecimientos políticos, salieron a la calle en todo el país para exigir la liberación del expresidente Castillo, la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones anticipadas y una Asamblea Constituyente.
"De los 47 proyectos de inversión minera que suman más de US$ 53 mil millones, el 70% son proyectos cupríferos. Si se lograra destrabar estos proyectos, en un plazo de 10 años podríamos superar los 5 millones de toneladas de cobre fino al año, lo que nos acercaría mucho a Chile."
Miguel Cardozo, Presidente, Perumin 36 Convención Minera
Las protestas que se extendieron a lo largo del país entre finales del 2022 y principios del 2023 tuvieron una fuerte carga de violencia. Amnistía Internacional denunció el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, que, según la organización, dejó un total de 67 fallecidos y, al menos, 49 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instaron al Gobierno peruano a promover un entorno propicio al diálogo.
En este contexto donde las protestas escalaban junto con la violencia, tanto el gobierno de Boluarte, como diversos bloques políticos propusieron ante la Comisión de Constitución diversos proyectos para el adelanto electoral: primero para abril del 2024 y, luego, para finales del 2023. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas o no ratificadas por el Congreso —que tiene la potestad de anticipar las elecciones—. Así, el miércoles 15 de junio del 2023, la actual presidenta se retractó, reiteró su postura inicial y sepultó su promesa de adelanto electoral.
Mientras tanto, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular —partido político que presentó dos proyectos para el adelanto a elecciones ante la Comisión de la Constitución—, asegura que los efectos de un futuro Fenómeno El Niño podrían causar desastres naturales que, junto al rechazo de la población, servirían como gatillo para una nueva crisis, por lo que la discusión de un nuevo proyecto de adelanto de elecciones es algo que no se ha descartado. Boluarte, por su parte, asegura que, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto, convocaría elecciones generales al día siguiente y, además, recalca que el Perú no puede progresar entre tanta crisis. “En menos de seis años, seis presidentes, ¿qué país avanza así?”.
Por ese lado, Boluarte tiene razón: la volatilidad política del Perú está echando por tierra en los últimos años la percepción positiva del Perú ganada a través de estabilidad democrática y macroeconómica de los primeros 10-15 años del siglo XXI. La ola de protestas ha dejado una marca profunda en las ya afectadas operaciones mineras, así como también en la confianza de los inversores. Algunos operadores mineros se vieron obligados a poner en mantenimiento o detener sus operaciones, y otras fueron víctimas de intrusiones y actos vandálicos, como el episodio ocurrido en Antapaccay, cuyas instalaciones fueron incendiadas.
Por su parte, el eco sociopolítico traspasaba fronteras, atrayendo la atención de los inversores hacia el gobierno para ver cómo gestionaba la situación: “Los principales factores que desincentivan la inversión en el Perú son la conflictividad social y la intensificación de la crisis política en los últimos años, que generan inestabilidad para los agentes económicos y dañan el atractivo del país como destino de inversión”, reconoce Marcial García, socio de servicios legales y de impuestos en EY Perú. A esto se le suma la presidencia del expresidente Castillo, cuya campaña electoral arremetió contra la industria minera y sembró incertidumbre sobre ella, a pesar de aportar aproximadamente el 10% del PBI del país y el 60% de las exportaciones totales.
Aunque parte de la industria teme que las inversiones extranjeras se vean afectadas por la inestabilidad sociopolítica que el país estuvo atravesando los últimos años, gran parte de la industria se mantiene optimista, y cree que el país se encuentra en un punto de inflexión para desatar su potencial: “El Perú se encuentra en un momento clave para reforzar su desarrollo sostenible gracias a su estabilidad económica y su impresionante potencial geológico. A pesar de las complicaciones políticas, la economía peruana continúa avanzando y la población es cada vez más consciente de la importancia de continuar con esta tendencia. Según encuestas, el 75% de la población peruana cree que la minería es necesaria”, comenta Miguel Cardozo, presidente de PERUMIN 36.
"Uno de los principales desafíos para la ejecución de la cartera de proyectos es el tiempo excesivamente largo que toma la obtención de permisos. Para atraer inversiones mineras, que requieren una intensa inversión de capital inicial y una proyección a largo plazo, es fundamental contar con predictibilidad."
Domingo Drago, Presidente, Rumbo a Perumin
La oportunidad del cobre
Por otro lado, bajo la nueva administración de Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas encabezado por Óscar Vera Gargurevich se encuentra trabajando para mantener al Perú como una jurisdicción atractiva para las inversiones mineras. Al asumir como ministro, Vera cuenta que se enfrentaron a un Perú paralizado, pero que, en coordinación con la Presidencia de la República y el premier, lograron acercarse a las comunidades para brindarles y atender las aspiraciones acumuladas durante muchos años: “A través de un diálogo constante logramos llegar a diferentes comunidades para alcanzar una paz social y estabilidad que hoy día podemos apreciar, y que nos enseñó que todas las partes involucradas en la minería debemos mantener un acercamiento permanente con las comunidades”, comenta el titular de la cartera de Energía y Minas.
El prometedor potencial geológico cuprífero del Perú augura un futuro brillante, especialmente si se tiene en consideración que el país andino cuenta con más de 90 millones de toneladas en reservas y las tendencias globales relacionadas con la transición energética están en la agenda de todos los gobiernos. No obstante, después de ostentar durante varios años el segundo puesto como mayor productor de cobre, la incertidumbre y los conflictos sociales han hecho mella y la República Democrática del Congo (RDC) habría superado al Perú puntualmente como segundo mayor exportador del metal rojo.
La fuente de este dato es un informe de Wood Mackenzie de mayo de 2023, que anunciaba que la producción cuprífera de la RDC prácticamente igualaba a la del Perú y que prevé que ese sorpasso del país africano pueda producirse en 2026-27.
En vista de este nuevo panorama internacional y dinámicas en las exportaciones del cobre, el Ministerio de Energía y Minas se enfrenta a un desafiante trabajo en los próximos meses. Su labor deberá enfocarse en mejorar las condiciones de permisología, atraer inversiones al país, y asegurar que los recursos se gestionen de forma transparente y justa para beneficiar a todas las partes interesadas. Sobre todo, tendrá que desbloquear los proyectos en cartera, que representan una inversión total de US$ 53,715 millones en 47 proyectos mineros. Alcanzar estos objetivos será crucial para impulsar el desarrollo de la industria minera y aprovechar al máximo el potencial económico que ofrece para la sostenibilidad del país.
Imagen cortesía de Las Bambas