Cartera de proyectos
El Perú debe dar una señal de estabilidad política para atraer nuevas inversiones
El nivel de inversión minera en el Perú no ha cambiado drásticamente en los últimos años; pasó de US$5,900 millones en 2019 a US$4,300 millones en 2020 y US$5,200 millones en 2021. Esta relativa estabilidad se puede atribuir a que las empresas mineras han estado invirtiendo en optimizaciones, dando prioridad a proyectos brownfield por los menores riesgos que suponen, y animados por los altos precios de las materias primas.
Por otro lado, las inversiones en nuevos proyectos mineros se han frenado significativamente, especialmente en el último año. Aunque las inversiones en proyectos brownfield son útiles para incrementar la eficiencia de las operaciones en marcha, la industria no puede limitar el desarrollo de proyectos nuevos en un contexto de creciente demanda de cobre a nivel global. La paralización de las nuevas inversiones se ha debido principalmente a la falta de mensajes claros por parte del gobierno con respecto a la minería y a la proliferación de conflictos sociales, que no encuentran el canal adecuado para ser resueltos. "La conflictividad social supone un costo adicional para operar en el Perú, y es un costo muy complejo, ya que estos conflictos deberían atenderse con la participación de múltiples actores, incluido el Gobierno central", explica Claudia Cooper, ex-ministra de economía y finanzas y presidenta de PERUMIN 35.
En el Perú, la última gran inversión minera es el proyecto Quellaveco, una enorme mina de cobre de Anglo American ubicada en la región de Moquegua, que ha supuesto una inversión total de US$5,300 millones. Por sí misma, representó un 25% del total de las inversiones mineras en el país en 2021. Quellaveco logró su primera producción de concentrado de cobre en julio de 2022, en línea con el calendario original del proyecto, y a pesar de los retos de la pandemia. Su entrada en producción es, sin duda, una excelente noticia para el país, ya que se espera que produzca de media unas 300,000 toneladas de cobre al año durante los primeros 10 años de operación. La vida útil de la mina será de 30 años, y se estima que genere aproximadamente 2,500 puestos de trabajo durante la etapa de operación. Será una mina a tajo abierto y con proceso de flotación para producir concentrados de cobre, así como molibdeno. Al igual que otras operaciones de Anglo American en el mundo, será una mina digital, automatizada, capaz de generar enormes cantidades de datos, que serán utilizados para reducir incertidumbres. Quellaveco será la primera mina del país en usar una flota 100% autónoma y energía 100% renovable, contratada con ENGIE.
Por otro lado, en 2021 entró en producción en la región de Ica la operación Mina Justa de Marcobre, empresa controlada al 60% por Minsur. Este hito marcó la entrada de Minsur, tradicionalmente enfocada al estaño y al oro, en el mercado del cobre. “En Mina Justa, obtuvimos una producción inicial de 85,000 toneladas de cobre en 2021, y estos niveles irán incrementándose en los próximos años conforme avance el proceso inicial de producción (ramp up)”, comenta Gonzalo Quijandría, director de asuntos corporativos de Minsur.
Mina Justa tiene dos plantas, una de óxidos y otra de sulfuros. Para los óxidos, Minsur está usando un nuevo proceso de producción en el Perú, que es la lixiviación en bateas (vat leaching). Aprovechando su cercanía al mar, la mina está usando agua de mar no tratada para el proceso. Para los sulfuros, la empresa tiene una planta concentradora convencional.
Con Mina Justa ya en producción, y una vez que Quellaveco haga lo mismo, el único “megaproyecto” nuevo que se avista en el horizonte es Yanacocha Sulfuros, perteneciente al 100% a la minera estadounidense Newmont desde abril de 2022. El proyecto surgió a medida que se penetraban los tajos para explotar los óxidos de Yanacocha y se iba encontrando material más sulfurado, que necesita una tecnología distinta a la usada durante los últimos 30 años. Se espera que Yanacocha Sulfuros aporte unas 525,000 onzas anuales de oro equivalente.
“La mayor inversión en Yanacocha Sulfuros está en el área de procesamiento. Instalaremos plantas de flotación para concentrar el mineral de baja ley y luego mezclar el concentrado con el mineral de alta ley y pasarlo por autoclave. La mitad de ese metal será cobre”.
Tom Palmer, CEO, Newmont
La primera fase se centrará en los depósitos de Yanacocha Verde y Chaquicocha, que extenderán las operaciones actuales más allá de 2040. Las siguientes dos fases podrían potencialmente añadir varias décadas más a la vida productiva de la mina. Hoy, el proyecto cuenta ya con la ingeniería de detalle. Newmont preveía anunciar el inicio de la construcción de la infraestructura del proyecto en diciembre de 2021. Sin embargo, decidió esperar a ver la evolución de la pandemia para anunciar el inicio de la construcción y alcanzar una decisión sobre los fondos totales requeridos, aunque anticipó que iba a invertir US$500 millones para avanzar en diversas tareas entre 2021 y 2022.
“Nos hemos comprometido a invertir US$500 millones en cuatro áreas clave; construir el campamento para la fuerza laboral de la construcción; realizar la ingeniería de detalle para eliminar el riesgo del proyecto; invertir en elementos de largo plazo, como plantas de oxígeno y acero especializado para autoclaves; y llevar a cabo obras civiles con contratistas locales”, explicó Tom Palmer, CEO de Newmont. En abril de 2022, la compañía actualizó el capex total estimado para este proyecto, de US$2,250 millones a US$2,500 millones. Y en septiembre, la compañía anunció que postergaba nuevamente la ejecución del proyecto hasta el segundo semestre de 2024, citando expresamente condiciones desfavorables del mercado por factores como la guerra de Ucrania, la inflación récord y las interrupciones prolongadas en las cadenas de suministro. Newmont da así prioridad a sus otros proyectos de gran tamaño en Australia y Ghana, lo que sin duda es una mala noticia para el Perú.
Entre tanto, el futuro de otros grandes proyectos mineros es muy incierto. El país cuenta con una cartera que suma casi US$53,000 millones, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), pero existen serias dudas de que puedan salir adelante. La dificultad de obtener los permisos necesarios, combinada con la incapacidad del gobierno para desactivar las protestas que están afectando a la industria, está limitando severamente la financiación y el desarrollo de estos proyectos.
Entre los proyectos afectados están Tía María, Michiquillay y Los Chancas de Southern Copper, Trapiche de Buenaventura y La Granja de Río Tinto, que llevan varios años en el aire. Tía María lleva en el limbo más de una década, pero la compañía a cargo del proyecto, Southern Copper, insiste en su decisión de seguir avanzando con el proyecto: “Esperamos que Tía María pueda salir adelante, ya que está listo con toda la ingeniería y debería iniciarse este año”, afirma Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Copper Corporation. Tía María contempla una inversión de US$1,400 millones para producir 120,000 toneladas anuales de ánodos de cobre a través de un proceso de lixiviación.
El caso de Southern Copper es un claro ejemplo de la enorme contribución que podría tener la minería para el país si pudieran salir los proyectos en cartera. “Entre Tía María, Michiquillay y Los Chancas, la construcción de una nueva fundición para procesar un millón de concentrados, la ampliación de la refinería de cobre de Ilo y nuestras ampliaciones, sumaríamos unos US$8,000 millones en inversiones en el Perú”, ilustra González Rocha.
Otro proyecto importante que ha encontrado dificultades en el actual contexto político es Corani, un proyecto de plata y metales base de la firma canadiense Bear Creek Mining, ubicado en la región de Puno. Según la compañía, Corani cuenta con la ingeniería de detalle y el apoyo de las comunidades de su entorno, pero no ha logrado por ahora el financiamiento para poner en marcha el proyecto, con un capex estimado de US$579 millones. “Seguimos en conversaciones con varios proveedores de financiamiento, pero esto se ha vuelto bastante complicado debido a la inflación y a la falta de mensajes claros del gobierno peruano”, comenta Anthony Hawkshaw, presidente y CEO de Bear Creek Mining.
“Vemos a Zafranal como un proyecto de desarrollo a corto plazo que potencialmente podría estar en producción para 2026. Continuaremos trabajando con nuestro socio, Mitsubishi Materials Corporation, que posee el 20%, para avanzar en el proyecto”.
Colin Joudrie, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio, Teck Resources Limited
Según Hawkshaw, la inflación ha afectado gravemente a la industria minera en el pasado año y, en el caso de Corani, esperan incrementos entre el 18% y el 20% con respecto a su presupuesto de capital inicial. “El desarrollo de Corani se ha pospuesto hasta que logremos el financiamiento, que esperamos conseguir para el final de 2022”, anticipa Hawkshaw.
Otro de los proyectos más cercanos en la cartera del país es Chalcobamba fase I, proyecto cuprífero de US$130 millones de Las Bambas, cuyo avance dependerá del acuerdo con la comunidad de Huancuire, que se encuentra en la zona de influencia directa del proyecto en la región de Apurímac. Las Bambas se enfrenta al permanente clima de conflictividad social que dificulta el transporte normal de sus concentrados al puerto de Matarani.
Es evidente que para promover la llegada de nuevas inversiones mineras y lograr el financiamiento de proyectos actuales en cartera, el país debe dar una señal de estabilidad política y buscar canales para la prevención y resolución de conflictos. Esto pasa por mejorar significativamente la institucionalidad del país. Asimismo, se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar la predictibilidad y eficiencia de los procesos.
Actualmente, todas las miradas están puestas en la puesta en marcha de Quellaveco, que constituye una suerte de barómetro sobre el clima de inversiones en el país. Podría dar pie a que otros proyectos del portafolio minero salgan adelante.
Imagen cortesía de Klohn Crippen Berger