Relaciones con las comunidades
Los conflictos sociales se intensifican en el último año
No cabe duda de que los conflictos entre comunidades y empresas mineras han sido un obstáculo de largo recorrido en el Perú. Existe una larga lista de proyectos que durante años han sido el foco de enfrentamientos sociales que han impedido su avance o que incluso han llevado a su suspensión, como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca.
La industria minera se enfrenta a una estadística preocupante. Según el gobierno del Perú, los conflictos sociales se han incrementado en un 300% en los últimos cinco años en el país, y 149 disputas están actualmente relacionadas con actividades extractivas como la minería. Desde la segunda mitad de 2021, los conflictos han aumentado aún más, debido a diversos factores como el aumento de la desigualdad a partir de la pandemia; un sentimiento de injusticia entre las comunidades por los grandes beneficios de las mineras en un contexto de altos precios de los metales; y la fuerte retórica del nuevo gobierno a favor de redistribuir de forma diferente los beneficios de los recursos naturales y de responsabilizar a las empresas mineras del impacto ambiental de sus actividades.
Si bien los conflictos sociales en el sector minero no son ninguna novedad, Marcial García, socio de servicios legales y de impuestos en EY Perú, describe una diferencia fundamental entre los conflictos actuales y los del pasado: “Los conflictos sociales actualmente están paralizando operaciones en producción como Las Bambas, Antamina o Cuajone”. En otras palabras, mientras en el pasado los bloqueos sociales afectaban principalmente a proyectos greenfield, hoy están frenando minas en plena operación.
Como resultado del incremento en la frecuencia y severidad del malestar social en el Perú, la producción de cobre del país cayó en un 18% entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, principalmente debido a la paralización de algunas de las minas más importantes del país.
Uno de los protagonistas de los conflictos sociales en los últimos meses ha sido Las Bambas. Esta gran mina de cobre, perteneciente al grupo chino MMG, se vio obligada a parar su producción en diciembre de 2021 y de nuevo en febrero de 2022. Según Edgardo Orderique, gerente general de Las Bambas, la parada en la operación se debió a los bloqueos del Corredor Vial Sur (CVS) por parte de la comunidad de Chumbivilcas, que afectaron severamente al transporte de los insumos, de personal y del concentrado a la mina.
Desde el año 2016 hasta el 25 de abril de 2022, Las Bambas ha sufrido más de 473 días de bloqueos. Hoy, los manifestantes reclaman un mayor gasto social de la mina en las comunidades que la rodean y la clasificación de Chumbivilcas como área de influencia directa. Además, las comunidades perciben que son impactadas por el transporte de concentrado por carretera. “Debido a los bloqueos, la producción de Las Bambas en 2021 fue de 290,000 toneladas de cobre en concentrado, lo que supone un 7% menos que en 2020 y aproximadamente 25% menos que antes de la pandemia”, revela Orderique.
Las Bambas no es la única mina que se ha visto paralizada recientemente por la conflictividad social: el comienzo del año 2022 fue difícil también para Southern Copper. En febrero, un grupo de comuneros paralizó la vía del tren, lo que impidió traer insumos a su mina Cuajone y sacar el concentrado de cobre y molibdeno. Diez días más tarde, la comunidad bloqueó la entrada de agua al campamento, donde viven unas 5,000 personas. Todas estas familias se quedaron sin agua, y tampoco se pudo mantener la producción de las plantas concentradoras. Por tanto, la producción entre el 28 de febrero y 21 de abril fue prácticamente nula. “El gobierno central del Perú estuvo muy lento en sus decisiones, y tardó mucho en declarar el estado de emergencia”, argumenta Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Copper Corporation.
Esta paralización tuvo consecuencias importantes para todo el país. “Ni los distritos, ni las ciudades, ni las regiones, ni el gobierno central han recibido ingresos por impuestos y regalías durante este período”, explica González Rocha. “Mayo fue el primer mes en que el país recibió ingresos completos tras la crisis; lamentablemente, los precios del cobre, el zinc, el molibdeno y el ácido sulfúrico bajaron sus cotizaciones con respecto a los meses anteriores”.
A medida que las relaciones con las comunidades se hacen más complejas, las empresas mineras que operan en el país son cada vez más conscientes de que el poder ya no está concentrado en el ejecutivo nacional, sino que ahora también reside en los stakeholders locales. “La clave para las empresas mineras no es solo cumplir con la legalidad, sino también lidiar con los pequeños poderes comunales”, explica Fernando Pickmann, socio de la firma de servicios legales Dentons. “En ocasiones, las empresas mineras tienen incluso que sustituir al Estado, ayudando a las comunidades a cubrir necesidades básicas que el Estado nunca atenderá”.
Por su parte, Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild, subraya la importancia de establecer relaciones de mutuo beneficio en el largo plazo entre empresas mineras y comunidades. “Mediante proyectos de largo plazo, podemos apoyar a las comunidades en lugares donde el Estado no llega. Estos pueden hacer la diferencia entre que la gente rechace o simplemente tolere la actividad minera, y que la solicite por los beneficios que aporta”.
Siguiendo esta lógica, Las Bambas ha estado explorando desde hace varios meses posibles soluciones para el CVS, que ha sido el foco de los bloqueos y que es compartido por otras minas como Constancia (Hudbay) y Antapaccay (Glencore). Por un lado, el gobierno ha propuesto que estas comunidades sean declaradas de Zonas de Atención Especial (ZAE). Esto implica la realización de proyectos relacionados con infraestructura que impulsen la calidad de vida y cubran las necesidades básicas de la población.
Por otro lado, Las Bambas ya ha acordado con varias comunidades del CVS que estas sean consideradas como Áreas de Interés Social y Ambiental (AISA). Esto quiere decir que complementarán las obras de infraestructura del gobierno con proyectos productivos y otros relacionados con la cadena de valor de la empresa. “En Chumbivilcas, por ejemplo, tenemos ya un acuerdo con 10 de las 14 comunidades para que se integren en la cadena de valor de Las Bambas en cuanto al transporte de concentrado”, explica Orderique.
Asimismo, las comunidades mantendrán las vías en los kilómetros que corresponden a Chumbivilcas, se encargarán del regadío de la carretera para evitar la dispersión de polvo, y una empresa local consorciada con estas comunidades ofrecerá a la mina el transporte de concentrado. Según Orderique, las cuatro comunidades restantes han preferido tener otro tipo de acuerdos relacionados con proyectos sociales, que llevarán a cabo en conjunto con el gobierno.
"En países con estados fallidos, ausentes o ineficientes, una de las formas de ganar posición con las comunidades locales es ayudarlos a cubrir necesidades elementales que los estados no han cubierto, con buena dosis de creatividad y presencia."
Fernando Pickmann, Socio Encargado de Minería en LAC, Dentons
Inclusión social: la tarea pendiente del Perú
Los datos sobre la contribución de la industria minera a la economía nacional del Perú hablan por sí solos. En 2021, la minería generó cerca del 17% del total de la recaudación del país. Este es el porcentaje más alto de los últimos diez años y sitúa al sector como el principal contribuyente. Además, según las cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la minería generó 227,407 empleos directos en 2021.
Si este es el caso, ¿por qué las comunidades y regiones no están viendo los beneficios de la minería? Durante muchos años, la industria ha estado de acuerdo en que una distribución más efectiva de las regalías mineras y del canon es fundamental. “Actualmente, el sector minero hace grandes contribuciones al país mediante sus impuestos al Estado, quien a su vez transfiere por efectos del canon minero cifras muy significativas a la población. Debido a la incertidumbre, se ha avanzado poco en el debate para que estos fondos públicos se utilicen de manera más eficaz”, explica Víctor Gobitz, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Muchos de los recursos que genera la minería son administrados por los gobiernos regionales y locales, que no tienen capacidad de gestión. Con frecuencia, estos fondos, en lugar de destinarse a atender las demandas sociales, se malgastan o se pierden por la corrupción. “Siguen existiendo muchas brechas de infraestructura y de servicios básicos que hacen que la población en general no sienta los beneficios que trae la minería”, argumenta José Augusto Palma, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Para hacer que la población pueda percibir realmente los beneficios de la minería, Palma defiende que, aparte de mejorar el uso del canon minero y de las regalías, es esencial adelantarse a los problemas que llevan a la conflictividad social y así no tener que llegar a las situaciones extremas que se están viviendo hoy. “En la SNMPE, queremos adelantarnos a los problemas y tratar de solucionarlos conjuntamente de la mano del gobierno, la sociedad civil y las empresas mineras”, explica.
En definitiva, el Perú tiene un potencial geológico inmenso, y el sector minero tiene una enorme capacidad de contribuir al desarrollo del país. Según datos de la SNMPE, si se pusieran en marcha los 48 proyectos mineros de la cartera del país, se generarían 2.3 millones de nuevos empleos directos e indirectos. Además, se generarían S/349.855 millones (unos US$93,900 millones) extras al fisco por pago de impuestos y aportes. Este monto equivale, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, a todos los recursos que necesita el Estado para cerrar las brechas de infraestructura en salud, educación, transportes y electricidad que tiene un país desarrollado.
Imagen cortesía de Las Bambas MMG